En junio, el terrorista Abimael Guzmán declaró en el juicio que no tenía nada que ver con Tarata y calificó el atentado de un “error”. La defensa de Abimael Guzmán insiste en que el proceso es un despropósito. Remarca que su patrocinado y otros miembros del comité central ya tienen una cadena perpetua.

Declararán en el tribunal de la Base Naval dos de los ejecutores del demencial atentado comunista ocurrido el 16 de julio de 1992.

Con esos dos testimonios, se podrá confirmar que la orden de hacer explotar dos autos con más de 400 kilos de dinamita y anfo en la calle Tarata provino del cabecilla de Sendero Luminoso y del comité central de ese grupo genocida. De suceder, se ratificaría la tesis de la fiscalía y como consecuencia se esperaría que Guzmán y sus 11 secuaces reciban una segunda cadena perpetua.

Sin embargo, los senderistas Juanito Orozco Barrientos y Carlos Mora La Madrid, quienes purgan cárcel por el atentado en Miraflores, pueden guardar silencio, lo que conllevaría a que se recurra a otros testigos y se presenten más pruebas, que las hay, para que el juicio cumpla su objetivo: que no quede responsable de ese fatídico 16 de julio sin la condena que le corresponde.

Hay un término que repiten los tres jueces miembros del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, que tienen a cargo la conducción del juicio de Tarata: el derecho a la verdad. La frase es para los familiares de los 17 fallecidos y 155 heridos que dejaron los dos carro-bombas y que solo han visto que se ha dictado sentencia para los autores directos del atentado, pero no para quienes lo ordenaron. Los jueces no pueden adelantar opinión, pero esperan que el proceso esclarezca lo sucedido.

“Lo que nosotros estamos investigando es el derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad, para que todos sepan si en este hecho hubo una autoría mediata. Y para eso está el órgano jurisdiccional, que emitirá una resolución congruente, razonada y conforme a derecho”, dice el juez Edhin Campos, director de debates del juicio, a El Comercio.

La defensa de Abimael Guzmán insiste en que el proceso es un despropósito. Remarca que su patrocinado y otros miembros del comité central ya tienen una cadena perpetua. En junio, Guzmán declaró en el juicio que no tenía nada que ver con Tarata y calificó el atentado de un “error”.

Los jueces no lo dicen, pero en este proceso están siendo especialmente meticulosos. Son conscientes de que ante cada posibilidad los abogados de los terroristas intentarán presentar un recurso o queja para entorpecer el juicio y, de ser posible, llevarlo a instancias internacionales.

“En este caso hemos tenido una serie de perturbaciones”, dice Hans Contreras, segundo miembro del Colegiado A. “Guzmán considera que quienes lo juzgan no tienen competencia para hacerlo, desconociendo las funciones que nos da la Constitución. Sin embargo, nosotros seguimos llevando este juicio oral de la misma forma en que llevamos otros”, añade el magistrado, quien recuerda que una vez tuvieron que expulsar al cabecilla de Sendero de la audiencia por su inconducta.

El juez René Martínez, presidente del tribunal, afirma que en este proceso dan todas las garantías para que cuando emitan sentencia esta no pueda ser cuestionada. “Buscamos que no se diga que se afectó el debido proceso y así, cuando llegue a la Corte Suprema o la Corte Interamericana, no tengan argumentos para que la sentencia sea anulada”, subraya Martínez.

El juicio por Tarata comenzó en febrero de este año. Hoy se encuentra en la etapa de declaración de testigos. El próximo en ser convocado será el congresista Marco Miyashiro, ex jefe del GEIN. Los jueces estiman que para diciembre se sabrá su resolución. Una condena que podría cerrar, 25 años después, uno de los capítulos más sangrientos que escribió esta agrupación terrorista.

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Fuente:

El Comercio

La Resistencia

Categories: Mundo

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