El Gobierno de Venezuela se ha solidarizado con “el pueblo de Cataluña” ante “la angustia y dolor” que estaría atravesando, y ha exigido a “las autoridades españolas” que “pongan en libertad a los presos políticos”, en referencia a los excosnejeros por presunta sedición.

El Gobierno de Venezuela se ha solidarizado con “el pueblo de Cataluña” ante “la angustia y dolor” que estaría atravesando, y ha exigido a “las autoridades españolas” que “pongan en libertad a los presos políticos”, en referencia a los excosnejeros por presunta sedición.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Cataluña. Entendemos la angustia y dolor que sufre en estos difíciles momentos”, se lee en una serie de mensajes en Twitter del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza.

Arreaza emplaza al “Gobierno español” a que “respete los derechos humanos y políticos” de quienes son para él “presos de conciencia”, y pide “que la democracia se imponga” frente a “la represión”.

“Exigimos que las autoridades españolas pongan en libertad a los presos políticos. El diálogo democrático debe ser la vía, no la represión”, escribe el ministro de Exteriores del Gobierno de Nicolás Maduro en Twitter.

El Gobierno chavista ha criticado repetidamente la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy y de la Justicia española ante el proceso secesionista de la región de Cataluña.

Los derechos humanos en Venezuela

Las fuerzas de seguridad venezolanas han “maltratado” y “torturado” de forma “generalizaday sistemática“ a manifestantes y detenidos, denunció el pasado agosto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura”, afirmó la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa al agregar que “estos no fueron casos aislados”.

Además, denunció que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país.

“La destitución de la fiscal general está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando”, afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani.

La portavoz subrayó que tras intentar en vano que un equipo de investigadores pudieran tener acceso al país para poder pesquisar in situ sobre lo que está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha decidido enviar a Panamá un grupo de expertos que hicieron su trabajo a distancia.

Fuente Gaseta

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